Lava JatoActualidad26 Oct 2018

Los clientes del abogado de la cúpula fujimorista: De los Sánchez Paredes a los 'Cuellos Blancos'

Humberto Abanto defiende a los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura procesados por integrar una red de corrupción en el Poder Judicial y a los máximos directivos del fujimorismo. En el pasado asesoró a Orlando Sánchez Paredes y fue investigado y luego excluido de caso por lavado de dinero del narcotráfico.
DEFENSA. La Fiscalía hizo énfasis en que Humberto Abanto Verástegui ejerce la defensa de los integrantes de una presunta organización criminal en Fuerza Popular y de algunos procesados en el Caso 'Cuellos Blancos del Puerto'.
Foto: Leslie Moreno / Ojo-Publico.com

El fiscal José Domingo Pérez, quien acusa a Keiko Fujimori por el Caso Lava Jato, dijo que Fuerza Popular tiene un “selecto grupo de profesionales” para “facilitar o encubrir negocios ilícitos, atender o contrarrestar contingencias negativas o campañas adversas”, en referencia a los defensores legales de los integrantes de la cúpula de dicho partido, entre ellos el abogado Humberto Abanto Verástegui.

Después de las declaraciones del fiscal en la audiencia de detención preventiva contra Fujimori, Ojo-Publico.com elaboró un perfil de Abanto, actualmente investigado en la Fiscalía por emitir tres laudos arbitrales a favor de Odebrecht y que al mismo tiempo es asesor legal de la cúpula del fujimorismo y de algunos de los procesados del Caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

Abanto Verástegui –abogado por la Universidad Nacional Federico Villarreal (1981 y 1988) y titular de una maestría en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)– creó un estudio legal en el 2002 junto al actual magistrado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Rodríguez Vélez, y el analista político Enrique Villacorta Cruz.

Fue investigado en Caso Sánchez Paredes

En el 2003, de acuerdo a los archivos de la Dirección Antidrogas de la Policía (Dirandro), el abogado asumió como gerente general de la Compañía de Exploraciones Algamarca, empresa minera vinculada a la familia trujillana Sánchez Paredes. El 2008, el Ministerio Público abrió una indagación por lavado de dinero del narcotráfico contra los hermanos de dicho clan y sus hijos, pesquisas que también alcanzaron a Abanto.

PASADO PARLAMENTARIO. El abogado Humberto Abanto Verástegui, en esta foto del 2002, posa junto con el entonces legislador aprista Rodolfo Raza, en un evento organizado en la Cámara de Comercio y Producción de la Libertad.
Foto: Archivo del Congreso.

El atestado de la Dirandro, revisado por Ojo-Publico.com, dispuso entonces: “Abrir investigación de carácter financiero en contra del investigado José Humberto Abanto Verástegui, en su condición del gerente general de la Compañía de Exploraciones Algamarca (...) así como de los actos jurídicos celebrados en su condición de apoderado de la misma”.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional lo excluyó del caso con un fallo del 2009. Para entonces, Abanto reconocía haber sido asesor parlamentario de una comisión presidida por el exministro aprista Luis Alva Castro en el 2001 y abogado de Orlando Sánchez Paredes desde por lo menos el 2003.

"[Dicho fallo] representa una abierta contradicción por parte del Tribunal Constitucional (...) no se fundamenta por qué en este caso se hace una excepción (...) teniendo en cuenta además que se trata de un caso que involucra la comisión de un delito grave, como lo es el lavado de activos", dijo en su momento la entidad Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal (IDL).

CLIENTE. Orlando Sánchez Paredes, quien hoy afronta un juicio por presunto lavado de dinero del narcotráfico, tuvo como asesor legal a Humberto Abanto Verástegui en 2003.
Foto: Paul Vallejos / Ojo-Publico.com.

Su cercanía con  la familia de Orlando Sánchez Paredes llegó a su clímax público el 2001 cuando el hijo de este, Alfredo Sánchez Miranda, dijo en La República y en Cuarto Poder que había entregado US$5 mil a la campaña del expresidente Alan García el 2006, luego de que fuera solicitado a través de Abanto Verástegui. De acuerdo a información de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), revisada por Ojo-Publico.com, dicho aporte no fue reportado por el APRA.

Ese mismo 2011, y luego de conocerse la versión de Sánchez Miranda, Alan García dijo que devolvería los US$5 mil que le pidió en aquella época a Abanto Verástegui. El monto, según el exJefe de Estado, fue requerido en aquella electoral para financiar un viaje aéreo que debía realizar al interior del país. El letrado descartó ser un intermediario de dicha operación.

De los Sánchez Paredes a Fuerza Popular

Después de dejar la gerencia de Algamarca, el abogado Abanto Verástegui se dedicó al litigio en múltiples casos controvertidos. Así ejerció la defensa de diferentes personajes investigados por presuntos delitos de corrupción, lavado de dinero y hasta violación de derechos humanos.

Abanto Verástegui defiende a dos exintegrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Guido Aguila Grados y Julio Gutiérrez Pebe, quienes fueron inicialmente considerados como integrantes de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, organización criminal dirigida por el exjuez supremo César Hinostroza Pariachi.

EN PROCESO. Humberto Abanto ejerce la defensa legal del exintegrante del Consejo Nacional de la Magistratura, Julio Gutiérrez Pebe, quien afronta un pedido de prisión preventiva.
Foto: Archivo del Congreso.

En octubre de este año, el Congreso de la República decidió no denunciar por el delito de crimen organizado a ambos patrocinados de Abanto Verástegui, gracias a los votos de los congresistas de Fuerza Popular. La Fiscalía sólo podrá investigar a Águila y Gutiérrez por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y corrupción, respectivamente.

Meses antes de esta decisión, Abanto firmó por lo menos cuatro contratos por un total de S/ 132 mil con la oficina en el Congreso de Luis Mejía Lecca, hoy también sindicado como operador de Keiko Fujimori y de Fuerza Popular en la presente investigación por lavado de dinero.

Los servicios legales de Abanto también alcanzaron al dueño de Iza Motors, Antonio Camayo, amigo cercano de César Hinostroza y quien hoy está en proceso de convertirse en colaborador eficaz de la Fiscalía. “Fui su abogado hasta antes que comenzara la audiencia de prisión preventiva”, dijo Abanto, consultado ayer por Ojo-Publico.com a su salida de la Sala Penal Nacional.

En la sede del Congreso, Abanto además ha defendido al excontralor Edgar Alarcón, acusado de presuntos actos de corrupción durante su gestión; al expresidente del Banco de Materiales (Banmat), César Castro, por prácticas sospechosas en esta entidad; y al entonces integrante del CNM, Efraín Anaya, luego defenestrado del cargo a raíz de reuniones indebidas con un postulante a fiscal supremo.

CNM. El abogado Humberto Abanto también ejerció la defensa de Efraín Anaya (de pie), defenestrado integrante del Consejo Nacional de la Magistratura tras ser acusado de reuniones indebidas. 
Foto: Archivo del Congreso.

Abanto Verástegui también ha defendido a Jesús Miguel Ríos Sáenz (alias “Chito Ríos), Carlos Farfán Yacila y Jorge Huamán Alacute, implicados en las investigaciones por los presuntos hechos de sangre protagonizados por el Comando Rodrigo Franco; y además representó a un grupo de exmarinos implicados en el caso El Frontón.

Abanto Verástegui también ejerció la defensa, junto con Eduardo Roy Gates y José Luis Castillo Alva, del exgobernador del Callao, Félix Moreno, por recibir presuntos sobornos de Odebrecht. En el pasado, Castillo Alva también fue abogado de los hijos de Orlando Sánchez Paredes, excliente de Abanto.

El nexo con Vicente Silva Checa

El fiscal José Domingo Pérez reveló además el nexo entre Abanto Verástegui y Vicente Silva Checa, exoperador de Vladimiro Montesinos e involucrado en el caso contra Keiko Fujimori. De acuerdo a la versión fiscal, el abogado acudió a la casa de dicho personaje, mientras el Equipo Especial del Ministerio Público y la Policía dirigían una diligencia de allanamiento.

“Vicente Silva Checa es mi amigo personal”, dijo el abogado en la audiencia contra Fujimori.

FUERZA POPULAR. Humberto Abanto y Giulliana Loza Ávalos son los abogados que defienden a la cúpula de Fuerza Popular en el caso por lavado de dinero de la compañía Odebrecht.
Foto: Leslie Moreno / Ojo-Publico.com.

A la fecha, Abanto Verástegui solo está acreditado como defensor de los dos asesores principales de Keiko Fujimori, Pier Figari Mendoza y Ana Herz Garfias, y del exsecretario general de Fuerza Popular, Jaime Yoshiyama Tanaka, quienes afrontan un requerimiento de prisión preventiva. Su firma legal, a través de Graciela Arce Rodríguez, ejerce la defensa de Carmela Paucará Paxi, secretaria personal de la excandidata presidencial.

No es el único vínculo de este abogado con el Caso Lava Jato. El Equipo Especial investiga a Abanto Verástegui por presuntos delitos de corrupción y lavado de dinero tras emitir tres millonarios laudos arbitrales a favor de la constructora Odebrecht en las obras Interoceánica Norte y el tramo 3 de la Interoceánica Sur.

STAFF. El fiscal José Domingo Pérez Gómez, miembro del Equipo Especial del Caso Lava Jato, aseguró que la presunta organización criminal al interior de Fuerza Popular tiene los servicios de un brazo operativo legal. 
Foto: Andina. 

Las pesquisas preliminares del Ministerio Público han establecido que el hoy defensor de la columna vertebral de Fuerza Popular, junto con otros 18 árbitros, “habrían aceptado y recibido dinero (...) [para] decidir con fallos favorables a los consorcios y concesionarios relacionados” con la compañía brasileña en el Perú.

Consultado por Ojo-Publico.com sobre estas pesquisas, Abanto Verástegui aseguró que el Ministerio Público no le imputa ningún hecho en concreto en la investigación, aunque confirmó que falló a favor de Odebrecht. “Es inaceptable una acusación por sospechas generalizadas”, dijo el letrado.

Abogados bajo sospecha

Después de que el fiscal José Domingo Pérez dejara entrever que Abanto era parte de un staff de abogados al servicio de una organización criminal, Ojo-Publico.com hizo un repaso de los casos en los que diferentes entidades del Ministerio Público y la Policía, dedicadas a la lucha contra el lavado, la corrupción y narcotráfico, han centrado su atención en los letrados como extensiones de grupos presuntamente ilícitos.

El 2014, el abogado Rodolfo Orellana Rengifo, en uno de los casos más emblemáticos de este tipo, fue detenido en calidad de cabecilla de un grupo criminal dedicado al tráfico de terrenos y el lavado de dinero de procedencia sospechosa, a través de una firma legal de fachada. Dicho personaje, luego de interponer más de 10 querellas por difamación contra periodistas de investigación, hoy se encuentra detenido y sometido a diferentes juicios.

DETENIDO. El abogado Rodolfo Orellana Rengifo, a través de su estudio legal, dirigía una organización dedicada al tráfico de terrenos y lavado de dinero ilícito. Hoy se encuentra detenido. 
Foto: Andina.

El 2011, un equipo especial de la Policía Antidrogas grabó las comunicaciones teléfonicas del abogado penalista Eduardo Roy Gates, en el marco de una investigación por el presunto pagos de sobornos a los testigos en el juicio contra el expresidente Ollanta Humala por violación de derechos humanos. Roy Gates fue defensa legal del exdirigente del Partido Nacionalista.

El 2017, la Fiscalía consiguió una orden judicial para detener al abogado José Francisco Zaragoza Amiel, socio de la firma Rebaza, Alcázar & De Las Casas, tras ser involucrado en el Caso Lava Jato a raíz del soborno de US$3 millones que recibió el expresidente regional de Cusco, Jorge Acurio Tito, de Odebrecht.

SEGUIMIENTO. La Policía identificó reuniones privadas entre el juez del Callao Walter Ríos (hoy detenido), el destituido juez supremo César Hinostroza (prófugo en España) y el abogado José Luis Castillo Alva.
Foto: Ojo-Publico.com

Un año después, la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) realizó operaciones de vigilancia en torno a la organización ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ que tenía entre sus integrantes al detenido juez del Callao, Walter Ríos, y al exvocal supremo César Hinostroza, prófugo hoy en España. En este caso, la Diviac grabó al abogado penalista José Luis Castillo Alva en reuniones con los cabecillas de dicha red.

El 2016, el Poder Ejecutivo estableció que las personas jurídicas detrás de las firmas legales y los abogados independientes se encuentran obligados a reportar las presuntas operaciones sospechosas de sus clientes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entidad adscrita a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Autor: