Edición regionalActualidad08 Oct 2018

Los negocios madereros del próximo gobernador regional de Ucayali

Empresario Francisco Pezo Torres figura como gerente general de Forestal Pezo, fundada por sus hijos el 2003, cuando ellos tenían entre 19 y 24 años. Hoy esta compañía –que tiene un capital social de S/1 millón– es considerada de alto riesgo en el sistema financiero por deudas impagas.
CAMPAÑA. Cierre de campaña de Francisco Pezo Torres en Manantay (Ucayali).
Ímpetu.

El empresario maderero Francisco Antonio Pezo Torres, candidato por Alianza Para el Progreso de César Acuña, es el virtual gobernador de Ucayali (2019-2022), una de las regiones más importantes de la Amazonía y considerada el centro del tráfico de madera ilegal en el Perú. Según el último conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tiene más del 37% de los votos válidos.

De acuerdo a su declaración de este año ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Pezo Torres –de 61 años y natural de la región Loreto– se desempeña como gerente general de la compañía Forestal Pezo S.A.C. desde hace 15 años. Ojo-Publico.com conoció que esta compañía, que desde aquella época tiene como accionistas y dueños a sus hijos Patricia, Darwin y Marco Antonio Pezo Linares, exhibe un capital actual que asciende a S/1.3 millones.

Forestal Pezo está considerada como compañía de riesgo muy alto por tener una deuda de S/460 mil.

En los ‘90, el virtual gobernador de Ucayali fue dueño de las compañías aserradoras y de venta de madera, Forestal Manantay y Forestal Urubamba, inactivas actualmente; al igual que de Industria Forestal Pucallpa, dada de baja en el 2004. Precisamente, casi en esa misma época nació Forestal Pezo S.A.C. Según Registros Públicos, los hijos del candidato: Marco (entonces con 24 años), Patricia (20) y Darwin (19) fundaron dicha compañía el 2003.

En la actualidad, Forestal Pezo está considerada como compañía de riesgo muy alto por el posible incumplimiento de pagos en el sistema crediticio al tener una deuda de S/460 mil con el Banco Agropecuario, entidad con participación del Estado que entró crisis por el otorgamiento de préstamos incumplidos. De acuerdo a Infocorp, la empresa que gerencia Pezo Torres tiene dicha deuda en situación judicializada.

Este año el candidato fue denunciado ante el JNE por declarar ser gerente de Forestal Pezo sin reportar sus ingresos anuales procedentes de dicho trabajo. Frente a ello, el candidato dijo que aquella empresa había sido dada de baja. Al cierre de edición, esta empresa se mantiene activa en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat).

COMPAÑÍA. Francisco Pezo dijo que la empresa Forestal Pezo estaba de baja cuando consignó sus ingresos al Jurado Nacional de Elecciones. Actualmente la compañía se mantiene operando.
Captura: Documento presentado al Jurado Nacional de Elecciones.

En su declaración jurada de este año, Pezo también declaró cinco inmuebles a su nombre en Coronel Portillo (Ucayali) y nueve vehículos. El empresario no informó la titularidad de acciones en otras compañías o en alguna concesión forestal. Tampoco reportó ingresos procedentes del sector privado ni subsanó esta información al concluir la campaña electoral.

Este año también se presentó una tacha en contra del candidato por no declarar una deuda coactiva que mantenía con la Sunat. Sin embargo, el Jurado Electoral Especial (JEE) rechazó la tacha y le permitió continuar en carrera con el argumento de que no tenía obligación de reportar dicha acreencia.

El negocio maderero y las carreteras

El negocio maderero de Pezo Torres tiene una aparente sintonía con su plan de gobierno. Según la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), el virtual gobernador amazónico propuso la controvertida construcción de diferentes carreteras que perjudicarán cuatro áreas naturales protegidas: el Parque Nacional Alto Purús, la Reserva Nacional Alto Purús, la Reserva Territorial Madre de Dios y la Reserva Indígena Mashco Piro.

Una de ellas, la carretera Purús (Ucayali) - Puerto Maldonado (Madre de Dios), propuesta por otros candidatos de la región, ya ha sido rechazada por el Ministerio del Ambiente (Minam), la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Cultura y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) debido a los impactos ambientales y sociales que generaría.

ÁREAS PROTEGIDAS. En la web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aún figura la propuesta con el nombre de carretera Purús – Tahuamanu. La ruta cercana a Brasil fue rechazada por diversos organismos en años anteriores.
Imagen: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

 

Pasado político

Pezo Torres –que cumplió una sentencia de dos años de prisión suspendida por apropiación ilícita y desobediencia y resistencia a la autoridad– postuló cuatro veces a cargos públicos en Ucayali: en dos ocasiones al gobierno regional de Ucayali en 2010 y 2014. En cada uno de estos comicios declaró, en su hoja de vida respectiva, haber acabado sus estudios secundarios en colegios diferentes.

Este año el Jurado Electoral Especial (JEE) rechazó un pedido de exclusión para apartar a Pezo Torres de la contienda electoral por no declarar sus antecedentes penales a raíz de la condena de dos años de prisión. Entonces, el órgano judicial del JNE concluyó que el empresario (quien años atrás postuló por el APRA a otros cargos) ya había cumplido su sentencia y no estaba en la obligación de consignarla en su hoja de vida.

Ojo-Publico.com se comunicó con el electo gobernador y este señaló que “la deuda que tengo con la Sunat data desde hace 23 años, el monto debe estar cerca a los S/850 mil, pero es un abuso”. Además, rechazó tener alguna relación con las compañías madereras consignadas a su nombre en Registros Públicos en los últimos años, en las cuales también aparece como gerente general o socio y accionista.

Hace una semana, Ojo-Publico.com y siete medios aliados de Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador y Brasil publicaron la investigación Madera Sucia, que revela cómo opera el tráfico ilegal de madera en la Amazonía. Como parte de esta publicación se advirtieron los riesgos que enfrentan especies y comunidades indígenas por parte del circuito comercial del contrabando de madera.

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