Con cerca de 60 años, y una década como miembro de la Corte Suprema, Víctor Prado Saldarriaga asumió en julio pasado la presidencia del Poder Judicial, en una de las crisis más profundas que se recuerde en este poder del Estado desde que el gobierno de Alberto Fujimori reorganizó el sistema de justicia luego del autogolpe de 1992.

En entrevista con Ojo-Publico.com, Prado Saldarriaga –quien ocupa su puesto hasta diciembre de este año y sin posibilidad de reelección– critica la reforma aprobada por el Congreso para reemplazar al Consejo Nacional de la Magistratura, alerta sobre el mal uso del antejuicio político en el Caso de 'Los Cuellos Blancos del Puerto' y discute sobre los retos del Poder Judicial en la lucha contra el lavado de dinero.

El Congreso aprobó la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y su reemplazo por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). ¿Lo aprobado cumple con las expectativas del Poder Judicial?

La Junta Nacional de Justicia no satisface nuestras expectativas. En primer lugar, la reforma aprobada mantiene la elección de jueces a través de una votación. Desde un inicio, nosotros señalamos que este tipo de proceder generó distorsiones y conductas disfuncionales de los consejeros. En segundo lugar, mantiene la ratificación de jueces cada siete años además de una segunda ratificación a los tres años y medio. Somos uno de los pocos países en el mundo con este sistema. Nosotros sugerimos que, en el peor de los casos, se mantuviera solo una ratificación. Hoy tenemos dos que van a perjudicar a la dinámica operativa de esta institución.

¿Qué otras propuestas del Poder Judicial no fueron recogidas?

Nosotros planteamos que la Autoridad Nacional de Integridad y Control del Poder Judicial decidiera sobre la destitución de magistrados, incluso de la Corte Suprema. Este tema no fue debatido; por el contrario, la JNJ actuará como una segunda instancia en el ámbito disciplinario. Nuestra propuesta hubiera permitido que el JNJ se abocara a lo más importante: elegir bien a jueces y fiscales. Además hay cosas que no comprendemos. La reforma señala que los consejeros deben tener 25 años de ejercicio profesional como abogado o docente, o 15 años de investigador en temas jurídicos. ¿Cómo vamos a medir la calidad de este último requisito? ¿Cuál es la justificación de este periodo?

URGENTE. El presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, esperaba un mayor interés del Congreso por renovar la Academia de la Magistratura, entidad clave en la capacitación de jueces. 

Foto: Andina.

El Poder Judicial proponía también la reforma de la Academia de la Magistratura (Amag). ¿Por qué es tan importante su renovación y en qué medida los proyectos aprobados por el Congreso recogen esta propuesta?

El día que acudí a la Comisión de Constitución y Reglamento, también fue invitado José Luis Sala Arenas, actual director de la Academia. Por ende, entendimos que habría un mayor interés del Congreso por renovar la Academia de la Magistratura. Para el Poder Judicial, este órgano debe formar a un magistrado por dos años, y que solo accedan a los exámenes de selección de la JNJ aquellos que ingresen a un cuadro de méritos. No se trata de masificar estos exámenes: debe existir un filtro desde la Academia. Hoy este órgano brinda cursos de fin de semana, semipresenciales. Eso no forma a un magistrado.

¿La reforma judicial contempla la lucha contra el lavado de dinero?

Es la prioridad. La criminalidad organizada del tercer milenio es de personas jurídicas que desarrollan actividades ligadas al lavado de activos. Estamos suscribiendo varios convenios de apoyo para fortalecer a nuestras unidades. Hay apoyo ofrecido desde el gobierno de los Estados Unidos y de la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas (Cicad) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Hay que destacar que el Poder Judicial tiene mucho interés en habilitar los juzgados de extinción de dominio, que ya han sido aprobados por un reciente decreto legislativo.

EVALUACIÓN. La principal preocupación del Estado Peruano, ante la visita del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), fue la poca cantidad de sentencias emitidas en materia de lavado de activos. 

Foto: Gafilat.

Estamos en evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y una de las principales preocupaciones es la poca cantidad de sentencias de lavado de activos. ¿Qué autocrítica hace el Poder Judicial sobre este problema?

El Poder Judicial, al igual que el Ministerio Público y la Policía misma, fue repentinamente convocada a la realidad del lavado de activos. Todavía estamos en el proceso de mejorar nuestras aptitudes técnicas para entender este delito y su modus operandi, para definir estrategias de investigación, persecución y procesamiento. Todavía no es una tarea fácil para un operador de justicia el diferenciar entre un acto de conversión, integración y escalamiento. El compromiso de mi gestión es buscar los canales que apoyen todo programa de capacitación en ese sentido.

Y en esta tarea era esencial la reforma de la Academia de la Magistratura.

Totalmente. Una Academia de la Magistratura no tiene que explicar cosas que aprende uno en la universidad, sino brindar conocimiento para poder juzgar delitos de criminalidad organizada, a personas jurídicas y personas expuestas políticamente.

Una de las decisiones más cuestionadas de César Hinostroza fue la polémica Casación de Arequipa. ¿Fue suficiente el último pleno casatorio sobre lavado de activos para enmendar esta resolución?

El pleno casatorio fue una alternativa importante porque anuló esa ejecutoria vinculante. Hoy tenemos una línea jurisprudencial clara en temas de lavado de activos, que se acomoda a los estándares internacionales y a los antecedentes nacionales que la Corte Suprema había elaborado en los años 2010 y 2011. La jurisprudencia que hoy rige es muy acertada y de suma utilidad para entender tanto los casos clásicos como los nuevos casos, aquellos relacionados a transferencias offshore.

LAVADO. El juez supremo César Hinostroza, sindicado por la Policía y la Fiscalía como cabecilla de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, emitió una sentencia que puso en peligro la lucha contra el lavado de dinero en el Perú. 

Foto: Andina.

Los casos Panama Papers y Lava Jato representan un reto para procesar a personas jurídicas. ¿El Poder Judicial está preparado para afrontar ambos megacasos?

El juez peruano ha sido formado para atender formas de criminalidad convencional. No obstante, la criminalidad del tercer milenio tiene en las personas jurídicas una vía de realización muy importante. Muchos sistemas jurídicos declaran formas de responsabilidad plena, propia y directa de personas jurídicas, algo que todavía no ocurre en el Perú. Esta nueva modalidad de delincuencia además involucra a las personas expuestas políticamente; es decir, aquellas con poder económico, político y mediático, que pueden utilizar mecanismos de inmunidad propios de su calidad. Es menester que los jueces y fiscales sigan desarrollando esa fortaleza técnica para afrontar con éxito estos megaprocesos.

Usted ha resaltado a los delitos financieros como elemento importante en el crimen organizado. ¿Cuánto ha avanzado nuestro sistema de justicia para enfrentar a los flujos financieros ilícitos, a través de sociedades offshore y paraísos fiscales?

El lavado de activos en el Perú tiene una normativa aceptable y acorde a los estándares internacionales, pero nos falta eficacia. Necesitamos fortalecer la capacidad técnica: juzgar un delito de lavado de activos no es como juzgar un homicidio, un robo o una estafa; este delito demanda conocimientos especiales. No es posible que con un volumen importante de denuncias –hoy el lavado de activos es el delito de moda– tengamos un porcentaje de condenas muy bajo y solo dos condenas a personas jurídicas. Las empresas de fachada y offshore son una realidad, sobre todo en una economía como la nuestra: emergente y con alto grado de informalidad.

"Nuestra legislación tiene temor de que la persona jurídica afronte responsabilidades penales".

Se percibe dificultad en el Poder Judicial para procesar a personas jurídicas, sobre todo cuando se trata de entidades financieras como bancos, que cumplen un rol importante en las etapas de colocación y estratificación del lavado de activos.

No solamente es el ámbito financiero. Usted va a encontrar esto en cualquier espacio en donde haya una actividad empresarial. Tenemos una ley de responsabilidad administrativa de personas jurídicas, que incorporó el delito de lavado de activos y los programas de cumplimiento para que las propias empresas desarrollen mecanismos de control interno e impidan ser infiltradas. Sin embargo, son sanciones administrativas. Nuestra legislación tiene temor de que la persona jurídica afronte responsabilidades penales. Ya lo ha hecho Chile y Colombia, que por eso están en la OCDE. Si bien procesamos varias personas jurídicas en la Fiscalía, las cosas se desinflan al llegar al sistema judicial.

El Caso Lava Jato y los denominados Audios de la Corrupción parecen seguir un mismo patrón delictivo en torno al Estado. ¿Estamos ante un rebrote de la criminalidad organizada?

No un resurgimiento, sino una potenciación. En el Perú ha existido criminalidad organizada pero hoy tenemos una diversificación de escenarios. Una característica de las organizaciones criminales es interactuar con seguridad y eso implica que busquen penetrar instituciones que puedan resultarles hostiles, que afecten su actividad, operatividad o libertad de integrantes. Por eso intentan infiltrar el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Congreso y los medios de comunicación para generar corrientes de opinión y decisiones favorables.

PASADO. El Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, involucrado en el Caso Audios de la Corrupción, trabajó para la exfiscal Blanca Nélida Colán, sentenciada por encubrir actividades ilícitas del régimen fujimorista. 

Foto: Andina.

¿Hay un vínculo con la criminalidad de los años '90 durante el régimen de Alberto Fujimori?

La criminalidad en los años '90 estuvo conectada, en sentido estricto, con organizaciones que desarrollaron un sistema de corrupción desde el aparato estatal. Por aquel entonces se cifraba lo lavado al año entre US$500 y US$800 millones, mientras que hoy estamos en US$15 millones o más. La forma más característica de criminalidad organizada era el tráfico de drogas. Hoy tenemos lavado de activos, minería ilegal y tala forestal ilegal, trata de personas, proselitismo infantil y cibercriminalidad. Hoy se actúa con métodos tan sofisticados o con mecanismos de impunidad tan sólidos que rara vez trascienden [públicamente].

¿Es correcto que Walter Ríos y César Hinostroza, protagonistas de "Los Cuellos Blancos del Puerto", sean investigados y procesados por crimen organizado?

Como presidente del Poder Judicial no puedo responder a una pregunta sobre casos concretos. Sí puedo señalar que cualquier órgano jurisdiccional que se vea comprometido con una conducta disfuncional, conexa con formas de actividad delictiva y de carácter organizacional, debe responder a la justicia con todos los rigores que la ley establece.

CONGRESO. La Comisión Permanente del Congreso no acusó al juez César Hinostroza ni a los exintegrantes del Consejo Nacional de la Magistratura por el delito de crimen organizado. 

Foto: Congreso de la República.

Sin embargo, funcionarios públicos como César Hinostroza deben pasar primero por canales intermedios, como el juicio político o una comisión especial en el Congreso.

Un factor de impunidad frente a la criminalidad de personas expuestas políticamente radica en las prerrogativas procesales que reconoce nuestra Constitución. Fueron diseñadas para otro tipo de situaciones pero hoy sirven de escudo, sobre todo el juicio político. Allí es donde tenemos que hacer cambios. El Ejecutivo no lo planteó y el Congreso no lo discute, aunque el Poder Judicial lo anunció como una necesidad.

¿Cuál es el estado actual del proyecto de ley presentado al Congreso para apartar temporalmente a los jueces supremos cuestionados?

El documento tenía el objetivo de dotar a la Corte Suprema de un procedimiento especial para tomar medidas de apartamiento transitorio hasta por 90 días de jueces supremos, titulares o provisionales y miembros del Consejo Ejecutivo. Planteamos al Congreso que le diera prioridad pero, a la fecha, no conocemos cuál fue su destino final.

"La criminalidad organizada del tercer milenio es de personas jurídicas que desarrollan actividades ligadas al lavado de activos".

Usted también declaró en emergencia el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. ¿Qué reformas han concretado en este órgano?

Lo principal era la reorganización de su composición. Si bien los colegios de abogados eligieron a una nueva representante en reemplazo de Pedro Angulo, él ha planteado la nulidad. El estamento de las cortes superiores también decidió quitar la confianza a Augusto Ruidías, sin embargo este magistrado también ha planteado reiteradas nulidades. En este caso, las cortes superiores han optado que la Sala Plena de la Corte Suprema declare su vacancia. Es un tema pendiente de discutir. Y el juez que reemplazó a la magistrada Rosa Vera es objeto de una serie de cuestionamientos, lo cual amerita una reevaluación. Sin embargo, la próxima semana, aunque incompleto, el Consejo Ejecutivo va a sesionar.

¿Hay alguna medida tomada sobre la jueza María Apaza Panuera de la Sala Penal Nacional, involucrada en los audios del Consejo Ejecutivo?

Ella fue derivada a la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA). Sin embargo, sigue operando funcionalmente. Sería importante contrastar nuestra información con la OCMA, saber qué es lo que ha decidido, porque es un órgano independiente a la presidencia del Poder Judicial.

INVOLUCRADO. El juez Duberlí Rodriguez dirigó el Consejo Ejecutivo como presidente del Poder Judicial. En este periodo, César Hinostroza intercedió ante dicha entidad para favorecer a la jueza del caso Sánchez Paredes. 

Foto: Andina.

¿Aún mantiene la decisión de que en este mes de octubre se fusione la Sala Penal Nacional en un solo sistema con la Sala Nacional Anticorrupción?

El Consejo Ejecutivo decidió esa fecha. De hecho, las líneas de normatividad ya están fijadas. Nosotros confiamos que podamos hacer la fusión en los tiempos previstos, en tanto tengamos resuelto los problemas en torno al Consejo Ejecutivo, que es el órgano jurisdiccional competente para su habilitación.

Hace unas semanas, de forma inédita, los jueces supremos visitaron diferentes cortes superiores a nivel nacional. Además de El Santa, Callao y Lima Sur, ¿han detectado otras regiones comprometidas?

Hemos recorrido 18 cortes. Los resultados los estamos analizando porque deben ser objeto de un informe general ante la Sala Plena de la Corte Suprema. Hemos constatado que hay problemas y de hecho hemos separado a los presidentes de las cortes del Callao, Lima Sur, Lima Este y Puno, aunque este último por un tema distinto.

EMERGENCIA. En octubre se cumplen los tres meses de declaratoria de emergencia del Poder Judicial. Su presidente Víctor Prado Saldarriaga considera factible ampliar este periodo. 

Foto: Poder Judicial.

Los 90 días de la declaratoria de emergencia del Poder Judicial se cumplen a mediados de octubre, ¿será prolongada? ¿Cuáles son los principales logros de su gestión en este periodo?

Prolongar la emergencia es factible, en tanto hay todavía varias cosas que evaluar, promover y activar. En dos meses de gestión hemos planteado propuestas legislativas, un nuevo sistema de elección para el presidente del Poder Judicial y los representantes de la cortes superiores. También hemos desarrollado estas visitas por primera vez en la historia del Poder Judicial, con las cuales recogimos información empírica para un plan estratégico que asegure un futuro diferente para nuestra institución, donde los jueces respondan a los retos del tercer milenio y recuperen las confianza de la ciudadanía.

Usted no podrá ser elegido en las elecciones de diciembre, ¿votaría por alguno de sus colegas mencionados en los audios de la corrupción?

Obviamente no.

Foto de portada: Alonso Balbuena / Ojo-Publico.com