Las cifras de la ilegalidad de la madera en México señalan que el volumen comercializado alcanza en un año los 15 millones de metros cúbicos. Estas son las cifras del análisis “Perspectivas de la Industria Forestal”, presentado el 2017 por el Sistema de Información Regional de México para la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Sin embargo, en México, a diferencia de Estados Unidos, la importación o comercialización de madera de origen ilegal no está prohibido ni está tipificado como un delito en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Durante los últimos 15 años esta legislación solo ha impuesto sanciones administrativas por ausencia o falsificación de documentación sobre la procedencia de la madera. En este tiempo la ley en cuestión se enfocó principalmente en el control de plagas.

En 5 de junio de este año el presidente de México, Enrique Peña Nieto, publicó la nueva ley forestal. También en esta nueva norma se han contemplado solo sanciones administrativas  y no penales para la comercialización de madera extraída de lugares prohibidos.

La nueva ley establece sanciones para quienes transporten materias primas que simulen, alteren o carezcan de documentación que acredite su procedencia legal. Sin embargo, no especifica los casos de importación. La abogada Raquel Gutiérrez Nájera, galardonada con el premio al Mérito Ecológico por parte del gobierno federal en 2011, señala que la redacción de la nueva ley es tan general que podría complicar la demostración del delito.

La experta explica que a esta situación se suma la falta de preparación del personal de las procuradurías al momento de acreditar la ocurrencia del delito, y que por eso gran parte de las denuncias terminan siendo archivadas. Para ella, es necesario una nueva modificación a la ley para incorporar  la comercialización de madera de origen ilegal como un delito. “El gobierno federal debería dar los permisos, pero la Profepa tendría que ser autónoma y tener sus propios recursos”, sostiene.

En ese mismo sentido opina Iván Zúñiga, coordinador de política pública de la asociación Política y Legislación Ambiental (Polea). Para él, el principal vacío de la ley es no detallar de manera explícita la necesidad de demostrar la procedencia legal de las materias primas que se importan.

Por su parte, el coordinador de política pública en el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, Raúl Benet, mencionó que no existe un sistema de trazabilidad que permita saber de qué predio salió la madera. Aunque la nueva ley dice que la autoridad va a establecer las acciones para garantizar esa cadena de custodia, los detalles de su implementación solo se conocerán con el nuevo reglamento.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) son las entidades responsables de revisar la madera que se importa a México. La prioridad para ambas es evitar que se introduzcan plagas, no la fiscalización o prohibición del ingreso de especies de origen ilegal.

Una ley forestal mutilada

El 2011 se iniciaron las reuniones para impulsar una nueva legislación en el sector forestal. Aunque fueron consultadas distintas organizaciones de la sociedad civil, el proceso fue controvertido pues, según los expertos, mutiló varias de las reformas necesarios para sancionar penalmente la importación o venta de madera de origen ilegal.

La nueva ley establece que los importadores deben acreditar la procedencia legal de la mercancía y que la autoridad deberá garantizar la trazabilidad.

“El problema es que la propuesta que llegó a las comisiones ya estaba rasurada. Esa iniciativa lamentablemente contenía uno que otro cambio, pero estaba profundamente recortada”, criticó Carlos González Vicente, presidente del comité de legislación del Consejo Nacional Forestal que participó en este proceso.

Así, luego de más de 100 modificaciones la nueva ley fue aprobada finalmente el 2017.

Uno de los puntos más importantes que incorpora la nueva ley tiene que ver con el artículo 91: establece que los importadores deben acreditar la procedencia legal de la mercancía y que la autoridad deberá garantizar la trazabilidad.

Otra de las críticas a la ley aprobada, tiene que ver con el incumplimiento del Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) que establece el derecho a la consulta previa para las comunidades indígenas. El presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, Gustavo Sánchez, sostuvo que las discusiones fueron pocos transparentes y que nunca les consultaron el tema.

Importación bajo sospecha

Los expertos coinciden en señalar que las actuales normas benefician más a los importadores de madera que a los productores locales. Por ejemplo, el permiso para extraer especies forestales puede tardar hasta ocho meses. Luego debe ingresar una solicitud para trasladarla, y este proceso puede tardar entre uno o tres meses.

Una práctica constante entre los importadores de madera es vender dentro de México la madera que Estados Unidos rechazó. Como Estados Unidos tiene una legislación muy clara para prohibir la venta de madera de origen ilegal, las empresas prefieren vendar esa madera sospechosa en México, explica Luis Fernando Manzur, director general del Clúster Forestal Jalisco.

México tiene una demanda interna de madera bastante alta y un marco legal débil. Ambas condiciones hacen favorable el contexto para importar madera sospechosa y venderla dentro del país. Según el director de Redes y Alianzas de Reforestamos México, el país “importa las dos terceras partes de la madera que consume”.