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El general acusado de asesinato que quiere ser alcalde y otras historias

27 Jun 2018
Mientras el sistema de justicia lleva adelante diversos procesos por delitos ocurridos durante el conflicto armado interno, presentamos la segunda edición del Llakiy Times, el periódico de derechos humanos de OjoPúblico. Este número incluye casos que merecen una mirada atenta: desde el actual juicio por la masacre de Cayara y la denuncia por las esterilizaciones forzadas de los años noventa hasta el próximo fallo por el asesinato del periodista Hugo Bustíos. Estas son las historias. La versión es digital, descargable y gratuita.

 

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El testigo que preparaba sopa de huesos

Por Martín Riepl

El destino puede obsesionarse con ciertas señales. La larga vida de Guillermo Catacora estuvo determinada por huesos. Aprendió a tallarlos la primera vez que entró a prisión, en los años cincuenta, con los restos del almuerzo de otros presos. Fue reclutado por un grupo comunista que lo adoctrinó en la lucha armada y lo mandaría a la cárcel muchas veces. Allí coincidiría con el agitador Justo Arizapana, de quien se haría amigo. Fue Arizapana quien en 1993 descubrió las fosas clandestinas de estudiantes asesinados por el Grupo Colina, un escuadrón de la muerte que pertenecía a las Fuerzas Armadas. Catacora lo convenció de hacer público el secreto y trazó el mapa para hallar los huesos que cambiaron la historia del Perú: fueron la prueba fundamental del llamado Caso Cantuta y lograron la condena del expresidente Alberto Fujimori como autor mediato de esas muertes. El artesano comunista, sin embargo, se perdió en los márgenes de la historia. Pasó años huyendo por temor a la venganza y terminó atrapado por la pobreza y el olvido. Sobrevivía cada día preparándose sopa con trozos de costilla que compraba en un matadero. Con las sobras hacía artesanías. Catacora murió en junio del 2018, a los 87 años, de un coma diabético. Su último deseo fue quizá fue un desquite: pidió que su cuerpo fuera cremado. Las cenizas en una urna perduran más en la memoria que los huesos bajo tierra.

 

 

Reconstrucción de un crimen de lesa humanidad

Por Gianella Tapullima y Randy Ortiz

La expresión “teatro de operaciones” remite a las acciones de una guerra. También sugiere la imagen de un escenario de muerte. Mientras en Lima los altos funcionarios del Gobierno dudan de cómo contar la historia en los textos educativos, en Cayara, Ayacucho, el teatro es un ritual de memoria: los escolares recrean los episodios que han marcado la vida de su pueblo. Cayara es un hito en la historia universal de la crueldad. En mayo de 1988 el grupo terrorista Sendero Luminoso atacó un convoy militar, mató a un oficial, tres soldados, y dejó 15 heridos. Luego abandonó la zona para exponer a los pobladores a las represalias del Ejército. Al otro día un contingente de 200 soldados incursionó en la zona y ejecutó a 39 personas, saqueó e incendió viviendas. Durante la investigación fiscal se produjo el asesinato de testigos y la remoción de restos por desconocidos para ocultar los hechos. El fiscal original tuvo que pedir asilo en EE.UU., donde pasó a trabajar en una fábrica de cortinas. El caso estuvo casi treinta años en un limbo legal, la clase de olvido oficial que ha enterrado tantas historias del conflicto armado interno. Mientras el público de Lima las descubre a partir de películas y obras de teatro recientes, los cayarinos llevan años recreándolas en sus ceremonias públicas. El pueblo no necesita que nadie le diga lo que debe recordar.

 

Sobrevivientes de un exterminio

¿Se puede forzar a un ser humano a modificar su cuerpo por el bien de la sociedad?  En 1996, el Estado peruano organizó la esterilización de unas 272 mil mujeres en un programa de planificación familiar destinado a reducir la tasa de crecimiento de la población. Se les aplicó la ligadura de trompas bajo el rótulo de ‘Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria’. En no pocos casos, la operación se realizó contra su voluntad, mediante engaños o amenazas por parte de personal médico estatal. Muchas de ellas eran mujeres quechua hablantes, pobres, de zonas rurales. Algunas fueron llevadas a la fuerza para ser esterilizadas. Al menos 18 fallecieron durante las cirugías o por complicaciones posteriores. Un grupo de 2.166 víctimas impulsa una denuncia que involucra al expresidente Alberto Fujimori y tres ministros de Salud, quienes rechazan los cargos y atribuyen la culpa a los médicos. La historia universal advierte sobre Estados que aplicaron planes de control poblacional a grupos humanos específicos. Las atrocidades que siguieron quedaron marcadas en los cuerpos de las víctimas. 

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Foto principal:
Escenificación de la matanza de Cayara / Alejandro Olazo Millán.

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