Luego de la publicación de la investigación internacional realizada por Ojo-Publico.com, Connectas y W Radio (de México) que revela cómo el mayor cargamento de madera de origen ilegal incautado en el Perú fue irregularmente liberado por el Gobierno de México, las autoridades peruanas cuestionaron esa decisión y anunciaron que solicitarán explicaciones a México. El reportaje detalla cómo funcionarios de ambos países intercedieron para lograr la devolución de la mercancía y beneficiar con ello a un grupo de poderosos empresarios de Guadalajara.

La primera reacción de las autoridades peruanas fue señalar que ellos no habían sido notificados oficialmente sobre esta decisión tomada por las autoridades mexicanas. La coordinadora nacional de las fiscalías especializadas en Materia Ambiental del Perú, Flor de María Vega Zapata, declaró a Ojo-Publico.com que el Estado mexicano en ningún momento les consultó sobre esta decisión.

“Vamos a informar y coordinar con la Fiscalía de la Nación para iniciar una investigación penal y denunciar en Perú a todos los que resulten responsables, no importa si fueron o no ministros. No va a ser una denuncia cualquiera, va a tener que estar relacionada a corrupción y criminalidad organizada, porque no es un tema cualquiera”, sostuvo.

La coordinadora explicó también que este proceso de devolución se había realizado “a espaldas de la fiscalía”. “Nosotros hemos enviado a México toda la documentación de esa madera ilegal a través de relaciones exteriores, en el marco de un convenio de cooperación judicial que tenemos con ellos. Esa madera estaba incautada, había una disposición judicial y esa información es la que les enviamos. Ellos no tenían derecho a entregar la madera, nos debieron comunicar si se había presentado una acción de amparo o algún otro trámite, pero nunca nos notificaron”, indicó Vega Zapata.

Para la autoridad peruana no solo se trata de un tema penal, sino también un procedimiento civil porque “hay un dinero que le correspondía al Perú, la madera estaba incautada en manos del Estado peruano, eso tenía un valor económico y ellos la han devuelto”.

Sobre el mismo tema, la fiscal especializada en Delitos Ambientales de Loreto, Karina Garay, que lleva las investigaciones sobre el tráfico de la madera liberada en México informó que el valor del cargamento devuelto asciende a los 57 millones de soles (casi 18 millones de dólares). La fiscal recordó que los documentos confirmaron que el 96% de la madera era de origen ilegal.