El rostro visible del consorcio que ha empujado al Gobierno a firmar una adenda al contrato para la construcción del aeropuerto de Chinchero, para subsanar deficiencias lesivas al Estado, tuvo lazos con el mundo de las empresas opacas y los paraísos fiscales que no estaban en el radar de las autoridades hasta hoy. El empresario Carlos Vargas Loret de Mola, presidente de Kuntur Wasi S.A., fue uno de los clientes peruanos del controvertido estudio de abogados Mossack Fonseca, al que en su momento encargó la gestión de dos empresas de fachada inscritas en los registros públicos de Panamá.

Vargas Loret de Mola, cabeza de un grupo económico con operaciones en el sector logístico y portuario a nivel nacional, pasó al centro de la controversia cuando se conocieron los términos de la adenda al contrato de asociación público privada (APP) para el nuevo terminal cusqueño, que obligará al Estado a adelantar cinco años el pago escalonado de 265 millones de dólares. La justificación, planteada por el Gobierno, es evitar una supuesta deuda por intereses de hasta 590 millones de dólares surgida de un confuso cálculo financiero planteado por el consorcio Kuntur Wasi. Según diversos críticos, con esta modificación el Estado asume obligaciones que correspondían al concesionario y queda expuesto a riesgos que desnaturalizan el contrato de APP.

 

EUFÓRICO. El presidente Kuczynski firmó esta mañana la polémica adenda y defendió la experiencia de los concesionarios del aeropuerto de Chinchero.

 

Hasta ahora la atención se había concentrado en los vacíos y debilidades del contrato, en la verdadera capacidad financiera del consorcio e incluso en el parentesco de algunos de sus ejecutivos con personajes del Gobierno. Documentos revisados por Ojo-Público.com –entre ellos los Panama Papers, la gigantesca filtración global que expuso los secretos de los paraísos fiscales– revelan ahora nuevos elementos de interés sobre las prácticas de los socios de Kuntur Wasi, un consorcio integrado por la argentina Corporación Americana S.A. y el grupo peruano Andino Investment Holding (AIH), del que Carlos Vargas es también gerente general.

 

PUERTO ESCONDIDO

Los tratos de Carlos Vargas con el bufete que edificó una industria indiscriminada del secreto financiero se remontan a mayo del 2009, cuando registró a su nombre la empresa Logistic Agencies Limited S.A., con un capital social de 10 mil dólares. De acuerdo a los Panama Papers, al cumplirse el primer año de esa inscripción, el 1 de junio del 2010, el empresario se comunicó por correo electrónico con Mónica de Ycaza, representante de Mossack Fonseca en Lima, para solicitarle instrucciones sobre la renovación de la vigencia de la empresa en los registros públicos de Panamá. La operación se confirmó dos días después mediante una transferencia de mil dólares realizada desde una sede del banco HSBC en Florida.

 

ACCIONISTA. Carlos Vargas Loret de Mola es gerente general de Andino Investment Holding y presidente del consorcio Kuntur Wasi.

 

Ese fue un mes activo en las gestiones del empresario peruano y el estudio panameño. En la última semana de junio del 2010, Vargas adquirió una segunda empresa de fachada llamada Starco Overseas Inc., que figuraba en la cartera de compañías fantasma ofrecida por Mossack Fonseca. Los agentes del bufete ejecutaron todos los procedimientos que solían ofrecer a sus clientes, lo que incluyó asignar a los miembros del directorio ficticio: Rey Taylor como presidente, Paulo Ruiz como secretario e Imogene Wilson como tesorera. El objetivo inmediato para esta empresa era registrar a su nombre un yate que Carlos Vargas Loret de Mola acababa de comprarse en Miami.

Se trataba del Usulaba, una embarcación de placer de bandera estadounidense, 41 metros de largo y diez toneladas de peso, cuyo valor de mercado rondaba los 170 mil dólares. En el documento de la operación de compra-venta, fedateada por un notario público de Florida, se señala como vendedora a la compañía Palm Beach Yatchs Inc. Vargas Loret de Mola aparece como comprador de la nave. La dirección que aparece a su nombre, en la calle Álvarez Calderón de San Isidro, es la misma que la consignada como oficina administrativa de Andino Investment Holding en la memoria de ese año de la organización.

 

CERTIFICADO 1. El documento original certifica la compra de la empresa offshore con un capital de 10.000 dólares.

 

En las semanas siguientes, Mossack Fonseca realizó –gracias a un poder otorgado por Vargas mediante un notario del Callao– gestiones para cambiar el registro del yate ante la Autoridad Marítima de Panamá, y para obtener tanto la patente de navegación como la licencia de radio necesarias. En el proceso, también se cambió de nombre a la nave, que pasó a llamarse Austral I. Para facilitar el registro, el estudio sugirió al empresario reunir algunos documentos que ayudarían a subsanar observaciones de la autoridad panameña sobre el origen de la embarcación. Una de las opciones era la de realizar un contrato ficticio de compraventa por el cual él transfería el íntegro de la propiedad a su propia empresa de fachada, Starco Overseas Inc.

“[…] este bill of sale tendría que tener alguna particularidad o simplemente puede ser un documento entre Starco y yo? Finalmente la empresa es mía”, consultó Vargas, vía electrónica, a los agentes de Lima. 

 

 

 

El estudio panameño preparó el borrador de contrato por el cual la empresa, con directores ficticios, hacía un supuesto pago a Carlos Vargas por la compra de la embarcación. El espacio relacionado al monto estaba en blanco. “Este precio puede ser algo simbólico, mas tiene que ir”, indicó una de las abogadas del estudio en Panamá a la filial de Lima. Cuatro meses después, en enero del 2011, el bufete Mossack Fonseca tramitó la patente provisional de navegación del Austral I a nombre de Starco Overseas Inc., como propietaria del 100% de de la embarcación.

El estudio continuó gestionando permisos y licencias para el uso del yate al menos hasta septiembre del 2014, y a mediados del 2015 gestionó el traspaso del 100% de acciones de la compañía offshore a nombre de Arturo Bayly Letts. De acuerdo a la base de datos de OffshoreLeaks, la empresa sigue a nombre de Bayly Letts.

 

TRASPASO. El pasaporte de Arturo Bayly fue enviado para gestionar el paso de las acciones de Starco.

 

Por la época en que Carlos Vargas hacía tratos con Mossack Fonseca, Andino Investment Holding ya era un conglomerado de doce empresas dedicadas a la operación de puertos, servicios logísticos y el sector inmobiliario, y tenía participación del 50% en otras cinco empresas de distintos rubros. Una de estas compañías era Aeropuertos Andinos del Perú, en sociedad con Corporación América S.A., de Argentina. En septiembre del 2010, por los días en que Vargas Loret de Mola inscribía su yate en Panamá, el consorcio ganó un contrato de concesión de 25 años para operar e invertir en seis aeropuertos ubicados del sur del Perú: Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna. La misma sociedad ganaría en el 2014 la concesión del aeropuerto de Chinchero bajo el consorcio Kuntur Wasi.

Las afinidades entre estos socios no terminan allí.

'[…] este bill of sale tendría que tener alguna particularidad o simplemente puede ser un documento entre Starco y yo? Finalmente la empresa es mía'.

 

EL SOCIO GRANDE

En medio de la controversia por el contrato, una de las principales críticas a la permanencia del consorcio Kuntur Wasi en la concesión era que uno de sus socios, precisamente Andino Investment Holding, atraviesa un serio problema de liquidez, al punto que debió vender propiedades para pagar deudas con la banca internacional. Los defensores de la adenda, desde los voceros de la empresa hasta el propio presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, dijeron que la empresa podía manejar la situación con instrumentos a su alcance y, sobre todo, con el respaldo de su solvente socio argentino. “Corporación América opera 55 aeropuertos y tiene una facturación de más de 1.200 millones de dólares en el sector aeroportuario”, comentó Carlos Vargas días atrás, en entrevista con Jaime de Althaus para defender la conveniencia de la adenda.

El detalle es que el perfil empresarial del propietario de esa corporación, el octogenario magnate de los aeropuertos Eduardo Eunerkián, no solo incluye episodios controversiales en su país, sino que obedece a una compleja estructura corporativa cuyos últimos rastros terminan en dos de los paraísos fiscales más cerrados del mundo.

 

SOCIO. El empresario Eduardo Eunerkián ha levantado una compleja estructura empresarial que se proyecta a Delaware y Liechtenstein.

La Corporación América S.A., socia de Kuntur Wasi, operó desde Panamá entre 1996 y 2003, y es controlada en tres cuartas partes por la firma Cedicor S.A., registrada en Uruguay. Las acciones de Cedicor  pertenecen íntegramente a la sociedad American International Airports LLC., registrada en el Estado de Delaware, Estados Unidos, una de las jurisdicciones más opacas del mundo. Y por si esto fuera poco, el 100% de acciones de esta última empresa está bajo control de la Southern Cone Foundation, una fundación registrada en Liechtenstein.

Esta estructura figura en los estados financieros de Corporación América S.A. presentados a la Comisión Nacional de Valores de Argentina, y según la empresa tiene como propósito administrar sus activos a través de un directorio independiente.

 El perfil empresarial de Eunerkián obedece a una compleja estructura corporativa que termina en dos de los paraísos fiscales más cerrados del mundo.

Sin embargo, los antecedentes de Eduardo Eurkenián en el mundo de las empresas offshore no son lo que se dice transparentes. A mediados de los años noventa abrió dos fideicomisos en las Islas Caimán y Bahamas que le permitieron direccionar más de 700 millones de dólares producto de la venta de sus negocios de televisión. De acuerdo a un estudio del Centro para el Desarrollo de la Economía y Finanzas de Argentina, en el año 2001 la Administración Federal de Ingresos Públicos de ese país lo denunció por evasión de impuestos y fue sometido a un juicio en que las autoridades alegaron que había cometido fraude. Sin embargo, el proceso terminó a su favor cinco años después.

Eurkenián entró al negocio de los aeropuertos a fines de los noventa, durante las últimas privatizaciones promovidas por el gobierno de Carlos Ménem. La estructura de empresas offshore favoreció su expansión internacional, que con el tiempo le permitió administrar aeropuertos de Brasil, Uruguay, Ecuador, Italia, Armenia y Perú.

 

MODELOS. Simulaciones del futuro aeropuerto de Chinchero, una obra que tardó casi tres años en comenzar debido a las deficiencias del contrato.

 

Su crecimiento no ha estado libre de controversias: una investigación del diario La Nación de Argentina reveló que, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, Eurnekian logró una rebaja de 25 millones de dólares de su deuda pese a las deficiencias en la administración de 35 aeropuertos del país; y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, según sus siglas en inglés) llegó a pedir al Gobierno argentino que se le rescindiera el contrato porque cobraba las tasas más altas del mundo a las líneas aéreas pese a que “sus sistema de equipaje e informático eran piezas de museo”. 

Además, en mayo de  2016, la Sala II de la Cámara Federal de Buenos Aires anuló una sentencia que había salvado de responsabilidades a Eduardo Eurnekián y otros siete acusados de una causa por defraudación al Estado, debido a pagos de Aeropuertos Argentina 2000 a terceras empresas por servicios que nunca se realizaron. El proceso sigue abierto.

Antecedentes de esa naturaleza contradicen el notorio entusiasmo mostrado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski esta mañana, durante la firma de la adenda al contrato de construcción del aeropuerto de Chinchero. “A los criticones les decimos cállense la boca y déjennos trabajar (…). Nosotros trabajamos para los peruanos, no para las encuestadoras”, dijo el mandatario en respuesta a sus críticos. Todavía no le llegaban noticias desde Panamá.