Por: Jorge Carrillo (Loreto), Clarys Cárdenas (Cusco), Yanua Atamain (San Martín), Geraldine Santos (Huánuco) y Ralph Zapata.

 

Actualizado al 10 de marzo de 2021. 

La emergencia sanitaria por el coronavirus no ha frenado la violencia contra los pueblos indígenas en la Amazonía, cuyos integrantes han seguido muriendo a manos de taladores ilegales, narcotraficantes o invasores de tierras. En marzo de este año fueron asesinados los cacataibos Herasmo García y Yenes Ríos, ambos de comunidades indígenas de Ucayali. Con estas muertes, desde el 2013, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos reporta 14 defensores ambientales acribillados.   

La estadística incluye a siete defensores ambientales muertos durante la pandemia: tres en Ucayali, uno en Huánuco, uno en Junín, otro en Amazonas y uno en Madre de Dios. El viernes 11 de setiembre el líder indígena Roberto Carlos Pacheco Villanueva fue asesinado de dos balazos en la cabeza cerca de los bosques que protegía, en la región Madre de Dios. Él y su padre habían recibido amenazas de invasores de tierra en varias oportunidades, pero las autoridades no investigaron con diligencia, como lo advertimos en este reportaje.    

Antes había sido ultimado Lorenzo Wampagkit Yampik, guardaparque de la Reserva Comunal Chayu Nain, en Amazonas, asesinado el miércoles 29 de julio en la noche en su vivienda ubicada en Chiriaco, capital del distrito de Imaza. El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) solicitó a las autoridades investigar este crimen. 

El año pasado también fue asesinado el líder asháninka Gonzalo Pío Flores. Las autoridades lo encontraron muerto el domingo 17 de mayo en el centro poblado de Santa Rosa de Cashingari, distrito de Río Tambo, provincia de Satipo (Junín). Su esposa, Maribel Casancho Flores, sobrevivió al ataque y estaba herida cuando fue hallada por la policía.  

Los esposos pertenecen a la comunidad de Nuevo Amanecer Hawai, ubicada en la triple frontera de Pasco, Ucayali y Junín. La localidad asháninka había recibido amenazas y tenía conflictos con traficantes de tierras dedicados a la extracción forestal. Las autoridades investigan ahora el asesinato y las circunstancias en que ocurrió la muerte de Pío Flores, hijo del fundador de la mencionada comunidad indígena, Mauro Pio Peña, que también fue asesinado el 2013 en medio de una protesta contra extractores de madera.   

“Nuestros hermanos aún no tienen el título de su territorio, y constantemente son amenazados por traficantes de tierras dedicados a la extracción forestal. Por eso creemos que este pudo ser un atentado debido a que nuestros hermanos protegen el lugar donde viven, defiende su territorio”, dijo a OjoPúblico el presidente de la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central, Teddy Sinacay Tomas.

Para llegar hasta Nuevo Amanecer Hawái, donde viven 60 familias del pueblo asháninka, hay que desplazarse durante siete horas por carretera desde la provincia de Satipo. Dentro del territorio de la comunidad indígena no hay señal telefónica ni cobertura de Internet. 

Este año, el apu cacataibo Arbildo Meléndez Grández, de la comunidad indígena Unipacuyacu, en Huánuco, fue el primer líder ambiental asesinado. Todas esas muertes -cuatro de ellas ocurridas durante la pandemia- han expuesto  el enorme riesgo que enfrentan los líderes indígenas que defienden sus territorios amazónicos de las actividades ilícitas como la minería, la tala ilegal y el narcotráfico. En medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus, el peligro aumenta, ya que existe poca vigilancia y control territorial por parte de la policía y las Fuerzas Armadas, que están más concentradas en hacer cumplir las normas en las ciudades.

De acuerdo con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), desde el 2013 hasta este año se han registrado 20 asesinatos de defensores ambientalistas en todo el país. Doce de ellos fueron líderes indígenas de la Amazonía: cuatro de Ucayali, el corazón del tráfico de madera en el país, y los demás en las regiones de Amazonas, San Martín, Junín, Madre de Dios, Loreto y Huánuco. 

En 2013 el dirigente Mauro Pío Peña, de la región Junín, fue asesinado de un disparo en medio de su protesta contra un grupo de extractores ilegales de madera. Al año siguiente, el 2014, los líderes asháninkas Edwin Chota, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez fueron silenciados y sus muertes hasta ahora siguen impunes. En este caso, una investigación de OjoPúblico reveló este año una cadena de irregularidades en el papel de varios funcionarios públicos responsables de investigar desde el 2008 la denuncia por tráfico de madera que ocasionó el despiadado asesinato de los líderes indígenas. 

DEFENSOR. Edwin Chota fue asesinado en la frontera con Brasil junto a tres asháninkas más en 2014, y desde entonces sus familiares todavía no encuentran justicia.  

Foto: Andina

También el 2014, en abril, fue asesinado el líder shawi, Emilio Marichi Huansi, jefe de la comunidad indígena Santa Rosa de Alto Shambira, en la región San Martín. Lo mataron cuando salía a notificar a otras comunidades el inicio de los procesos de titulación de sus territorios, en el distrito de Pongo de Caynarachi, en la provincia de Lamas.

Al año siguiente, el 2015, el concesionario promotor de la reforestación y luchador contra la minería ilegal, Alfredo Vracko fue asesinado en su domicilio de Madre de Dios, en plena Carretera Interoceánica. Durante mucho tiempo había sido amenazado por los mineros. En abril del 2019, el indígena Kukama y monitor ambiental Cristian Java Ríos fue asesinado en la comunidad La Petrolera, ubicada en el distrito de Urarinas, en Loreto. 

Las últimas víctimas de los crímenes en la Amazonía fueron Arbildo Meléndez, Gonzalo Pío y Lorenzo Wampagkit

AMAZONÍA. Los corresponsales regionales explican la situación de los líderes indígenas amenazados.

Video: Red Investigativa Regional de OjoPúblico

Diversos estudios señalan que los bosques en territorios indígenas son mejor protegidos. Un estudio de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) detalla que los índices de deforestación fuera de estos territorios son cinco veces superiores. Durante los últimos años la presión sobre sus tierras por parte de actividades ilegales se ha incrementado.

Los asesinatos no esclarecidos contra líderes ambientales alcanzan también a la costa y los andes. El dirigente Wilbelder Vega Torres, que denunciaba la minería ilegal de Piura fue asesinado de 10 balazos el 2019 en el distrito de Suyo, provincia de Ayabaca; otros dos comuneros de Lambayeque, fueron asesinados por invasores de tierras el 2016. Un defensor de la Reserva de Chaparrí, en Lambayeque (2017); y dos ronderos de Cajamarca que protestaban contra la minera La Zanja el año 2013, también fueron acribillados.  

Una muerte que pudo evitarse

En la Amazonía peruana existen 51 pueblos indígenas, cuya población total es de 470.591 personas que viven en Amazonas, Loreto, San Martín, Huánuco, Ucayali, Pasco, Junín, Cusco, Madre de Dios, Cajamarca, Puno y Ayacucho. Los líderes de estas comunidades sufren el acoso permanente de traficantes de tierras, invasores o de las actividades ilegales como minería, tala y narcotráfico. 

Al igual que en el caso de Edwin Chota, la muerte de Arbildo Meléndez pudo haberse evitado. Un mes antes de su asesinato pidió garantías para él y su familia en la Prefectura de Huánuco, pero no le hicieron caso. El presunto asesino, identificado como Abel Ibarra Córdova, se encuentra detenido.

Berlín Diques Ríos, presidente de Aidesep Ucayali, dijo a OjoPúblico que si no se detienen las actividades ilícitas en la Amazonía continuarán los asesinatos y atentados contra los líderes indígenas. Añadió que hasta inicios de este año conocían de al menos cinco casos de dirigentes amenazados por traficantes de tierras en las regiones Huánuco, Loreto y Ucayali. Uno de ellos era Arbildo Meléndez.

 

LARGA ESPERA. Los familiares de Edwin Chota y otros tres líderes asháninkas asesinados en 2014 reclaman justicia desde hace cinco años. Hasta ahora no comienza el juicio oral contra los responsables.  

Foto: Geraldine Santos 

“Demandamos al gobierno central brindar seguridad jurídica a nuestros pueblos indígenas, y que otorgue los títulos de nuestros territorios. Solicitamos, además, la intervención de las Fuerzas Armadas para frenar las actividades ilícitas que operan en nuestras comunidades y que son una amenaza para nuestros líderes que luchan por defender sus bosques”, dijo también Lizardo Cauper Pezo, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).

Por su parte, la adjunta del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Alicia Abanto, explicó a OjoPúblico que el contexto de la pandemia incrementa la vulnerabilidad. “La movilización de las autoridades es limitada y gran parte de las comunidades no cuenta con servicio de telefonía e Internet para que informen lo que sucede en sus territorios”, dijo.

Los índices de deforestación fuera de territorios indígenas son cinco veces superiores.

Según el censo del 2017, solo el 9,8% de la población indígena amazónica tiene acceso a Internet y a esto se suman otras carencias: apenas el 25,8% cuenta con acceso a agua potable por red pública, el 19% cuenta con desagüe al interior de su vivienda y el 46,1% de las comunidades de la Amazonía tiene alumbrado eléctrico.

“Los traficantes pueden aprovechar esta coyuntura para vulnerar los derechos humanos de la población indígena, atacando a sus líderes, que son precisamente quienes denuncian la intromisión en sus territorios. El descuido del gobierno en la titulación de las tierras comunales es un factor que incrementa la inseguridad para estos pueblos”, añadió Abanto.

Para César Gamboa, director ejecutivo de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), la muerte de Arbildo Meléndez no es un caso aislado. “Es parte de un problema estructural en América Latina, donde siguen muriendo estos líderes que defienden sus territorios. El Ministerio de Justicia (Minjus) publicó un protocolo para los defensores de los derechos humanos, y el Estado peruano debería activar mecanismos para protegerlos”, comentó.

Las amenazas del narcotráfico

En los últimos dos años, los indígenas de la selva central que viven en la región Junín, dentro de la zona del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), han denunciado públicamente la invasión de sus tierras por parte de extraños y la existencia de cultivos ilegales de hoja de coca y laboratorios para procesar cocaína. 

“Las amenazas llegan a través de otras personas, nunca son directas, pero siempre tienen el mismo mensaje: dejen de reclamar que algo les puede pasar”, relata el apu Ángel Pedro Valerio, presidente de la Central Asháninka del Río Ene (CARE), que agrupa a 19 comunidades y 33 caseríos de los distritos de Mazamari, Pangoa y Río Tambo, en Junín.

En septiembre del 2019, Valerio firmó un convenio con Devida para capacitar a los indígenas en diversificación productiva para sembrar café, cacao, otros productos en vez de coca, y “desde ese día las amenazas no han dejado de llegar”, dice.

Las amenazas llegan a través de otras personas, nunca son directas, pero siempre tienen el mismo mensaje: dejen de reclamar que algo les puede pasar”, dice Ángel Valerio.

Al igual que Ángel Valerio, el líder Fabián Antúnez, presidente de la Central Asháninka del Río Tambo, es intimidado por narcotraficantes. “Utilizan nuestros campos, contaminan nuestros ríos y corrompen a nuestros jóvenes. Exigimos al gobierno intervenir para detener las actividades ilícitas inmediatamente. En esta época de pandemia estamos más vulnerables”, dijo.

RESISTENCIA. Ángel Pedro Valerio es el presidente de la Central Asháninka del río Ene (CARE) y ha recibido varias amenazas por defender su territorio. 

Foto: CARE

Otro de los líderes amenazados por traficantes de droga en la región Huánuco es el asháninka Polico Díaz Sambache, de la comunidad indígena Nueva Austria, quien el año pasado fue secuestrado luego de un enfrentamiento con colonos debido a que él reclamaba por la titulación del territorio de su comunidad.

Más al sur, en Madre de Dios, la minería ilegal es la principal actividad ilícita. OjoPúblico reportó que los vendedores de combustible para la minería ilegal violan permanentemente el aislamiento obligatorio. La semana pasada un grupo de indígenas Harakbut interceptó una embarcación con cincuenta bidones de petróleo que había vulnerado todos los controles fluviales.  

En esta región viven 10 pueblos indígenas. Los Harakbut son los más numerosos (1.355) y los Matsigenka (1.244), según datos del Ministerio de Cultura.

“Los mineros nos siguen amenazando, nos dicen que nos van a agarrar a balazos", dice Anoshka Irey.

El ataque más grave reportado en Madre de Dios ocurrió en junio de 2018, cuando un grupo de 30 mineros llegó hasta la comunidad de Masenawa, en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Amarakaeri, y emboscó a indígenas Harakbut.

Anoshka Irey Cameno, líder indígena de la comunidad de Masenawa, contó que hasta la fecha no consiguen justicia por ese atentado. “Los mineros tienen plata, compran jueces. Hasta ahora siguen amenazando, nos dicen que nos van a agarrar a balazos. Ahora mismo, en estado de emergencia siguen trabajando, escuchamos sus motores. Cada vez avanzando más adentro y nosotros estamos preocupados por esto. Únicamente queremos cuidar el bosque”, dijo a OjoPúblico.

Por su parte, el presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios (Fenamad), Julio Cusurichi Palacios, informó que también él recibe amenazas de muerte por oponerse a la minería ilegal. “Las comunidades siempre han sido amenazadas por los mineros, pero estamos organizados y los enfrentamos”, comentó.

“Nos denuncian para callarnos”

Loreto, corazón de la Amazonía peruana, es una región rica en petróleo, recurso que al mismo tiempo se ha convertido en un riesgo para las comunidades indígenas por su mal manejo. Del 2011 al 2019, según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) se han registrado 161 derrames.

Jorge Pérez Rubio, presidente de la Organización Regional Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), explicó a OjoPúblico que los dirigentes indígenas son constantemente denunciados por las empresas petroleras para silenciarlos y evitar que reclamen. “No recibimos amenazas directas, pero nos denuncian penalmente para callarnos, esas son amenazas sistemáticas”, dijo.

Mientras tanto Alfonso López Tejada, presidente de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación de San Pablo Tipishca, dijo a OjoPúblico que también fue víctima de intimidación en el 2001. “Viajaba en una lancha, se acercó una persona, no lo conocía, me dijo: por qué no dejas de estar jodiendo a la empresa que da inversión y te pones a trabajar. Mira que un cartucho no cuesta más de dos soles y con dos soles te podemos acabar la vida”, recuerda.

Un cartucho no cuesta más de dos soles y con dos soles te podemos acabar la vida”, lo amenazaron a Alfonso López.

En San Martín, las amenazas a los líderes llegan desde traficantes de tierra, mineros ilegales y taladores ilegales. En esta región viven los pueblos Awajún, Kichwa y Shawi, representados por la Coordinadora de Desarrollo de Pueblos Indígenas de San Martín (CODEPISAM).

 

ATAQUES.Alfonso López Tejada, presidente de la Asociación Cocama, fue amenazado por defender su territorio. 

Foto: Yanua Atamaín

El líder kichwa Jaime Tapullima, de la comunidad Shucshuyacu, contó a OjoPúblico que hace unos años un colono se dirigió a él y le dijo: “En esta comunidad la bala cuesta dos soles”, y se marchó. El hecho ocurrió cuando salía de una reunión en la comunidad de Chambira, provincia de Picota, donde se discutió la titulación colectiva en el territorio kichwa.

“Yo nunca tuve miedo porque trabajo para mi pueblo que cuida su territorio colectivamente. En el Bajo Huallaga, territorio Kichwa, en la zona de Yanayacu, por el río Chimburana están los traficantes de tierras, los madereros ilegales y la minería informal. Hacen sus chacras y se quedan a vivir allí apropiándose de la tierra”, contó el líder indígena. 

El protocolo que frenó la pandemia

Un informe de Global Witness del 2018 reportó 164 asesinatos de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en el mundo. “La mayoría de ellas “personas comunes y corrientes muertas por defender sus hogares, bosques y ríos de las industrias destructivas”. Muchas más personas fueron silenciadas a través de ataques violentos, arrestos, amenazas de muerte o demandas judiciales. 

En Perú, en abril del año pasado el Ministerio de Justicia publicó mediante la resolución ministerial 159-2919-Minjus el protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de Derechos Humanos. Dicho documento incluye un procedimiento de alerta temprana para custodiar a los defensores amenazados; y la creación del primer registro de denuncias e incidencias sobre ataques y amenazas que reciben dichos líderes, o las situaciones de riesgo a las que están expuestos. 

En ese sentido, fuentes del Ministerio de Justicia detallaron a OjoPúblico que desde abril del 2019 a la fecha han recibido 11 pedidos de protección para líderes ambientales. “Se trata de líderes que han sido amenazados en el contexto de actividades ilegales de tala ilegal, tráfico de tierras y actividades empresariales sin autorización”, explicaron. La última solicitud fue la que presentó el último lunes la Defensoría del Pueblo para proteger a la esposa e hijos del apu Arbildo Meléndez. 

Desde abril del 2019 a la fecha el Ministerio de Justicia ha recibido 11 pedidos de protección para líderes ambientales que han sido amenazados.

En cuanto al registro de denuncias por situaciones de riesgo, informaron que se tienen listos los lineamientos y solo está pendiente que la compartan con los demás actores, como la Defensoría del Pueblo. La herramienta estaba a punto de publicarse cuando “todo se paralizó por la pandemia, pero es un gran avance, será el primer registro público que exista en el país de defensores de derechos humanos amenazados”, comentó una fuente del  Minjus. 

Por su parte, Nelly Aedo, jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, dijo a OjoPúblico que en la actualidad no existe un registro formal de denuncias y casos de amenazas y ataques contra líderes indígenas. “Nosotros recibimos algunas quejas, por ejemplo, las de las familias de Alto Tamaya Saweto, los líderes de la comunidad de Nueva Austria del Sira (Huánuco), los familiares de Arbildo Meléndez y dirigentes de la comunidad de Tres Islas, en Madre de Dios”, comentó.

La matanza de los líderes de Saweto resume la incapacidad del Estado para la protección de los líderes indígenas en la Amazonía. Ellos habían pedido protección para su vida, pero nunca se la dieron. En setiembre del 2014 Edwin Chota, Leoncio Quintisima, Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo Ramírez fueron asesinados cruelmente en la frontera de Perú y Brasil, a corta distancia del territorio de su comunidad. Varios días después de su desaparición, la policía halló breves restos incinerados. Los restos de dos de ellos jamás fueron encontrados.