Las grietas del poderoso consejo que nombra a los jueces y fiscales


Por Fabiola Torres López
Miércoles, 16 Mar 2016

ENTREVISTA. Con poco más de cien días como presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, el abogado Guido Aguila admite los síntomas de una de las crisis judiciales más graves de la historia reciente. Aguila aduce estar en un proceso de reingeniería para mejorar la selección de magistrados, pero en su corta gestión se han realizado varios de los nombramientos de jueces más polémicos de los últimos tiempos. En esta entrevista, realizada días antes de las revelaciones de Ojo-Publico.com sobre el patrimonio del juez Villa Stein, se declara incompetente para investigar presuntos signos de corrupción.



 

El último récord gris del sistema de justicia peruano es el nombramiento por parte del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) de más de cien jueces y fiscales en menos de cien días. Parecería un esfuerzo por erradicar la inestabilidad de los cargos provisionales de los magistrados, un verdadero fallo del sistema, de no ser por los resultados: en el grupo de nombrados está un antiguo juez civil que en su momento fue expulsado del Poder Judicial por dictar sentencias diametralmente opuestas en dos casos idénticos; se llama Ángel Romero y ahora es vocal de la Corte Suprema. También figura un juez superior del Callao que enfrentó denuncias por desbalance patrimonial, plagio de un libro y conflicto de interés; se llama César Hinostroza Pariachi y ahora es vocal de la Corte Suprema. Y está un antiguo fiscal supremo adjunto que es investigado por haber presentado facturas adulteradas para justificar viáticos; se llama Tomás Gálvez y ahora es fiscal supremo y miembro de la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público. Más que un palmarés, aquí se necesita una radiografía.

 

CIEN DÍAS. El presidente del CNM, Guido Aguila, durante una entrevista con Ojo-Publico.com./Audrey Córdova.

 

En los últimos veinte años, el CNM nunca había caído en algo tan parecido a un estado terminal. En julio del 2015, el diario Perú21 reveló un audio en que el consejero electo Alfredo Quispe Pariona admitía haber participado en una red de tráfico de títulos y becas en una universidad. “Será inmoral, pero no es delito”, acuñó como defensa. Mientras se investigaba el caso, en medio de una creciente indignación, una carambola de intereses permitió que Quispe Pariona juramentara al cargo y luego fuera reincorporado con el voto favorable de otros consejeros. Fue un giro tan escandaloso que motivó la renuncia del único miembro que declaró en contra, el propio presidente del CNM, Pablo Talavera. En su lugar asumió uno de los consejeros que había votado a favor del investigado. Se llama Guido Aguila y arrastraba su propia nube: el Instituto de Defensa Legal había presentado una tacha desde que era candidato a consejero debido a que poseía una asociación educativa que da cursos a abogados que quieren ser jueces y fiscales, precisamente las personas que él tendría que evaluar.

Apenas juramentó, Aguila tuvo que convocar a un consejo que destituyó a Quispe Pariona por incapacidad moral.

 

 

 

LÍNEA DE TIEMPO. Revisa los episodios más escandalosos que marcaron los veinte años del Consejo Nacional de la Magistratura. Crédito: José Luis Huacles

 

Guido Aguila se mantiene a la cabeza de un organismo de justicia en tensión permanente, que era prácticamente desconocido para la opinión pública hasta poco antes de que estallaran estos escándalos. En los primeros días de marzo se hizo público otro efecto de las decisiones que se toman en su consejo: el Perú figura entre los diez países percibidos como los más corruptos del mundo por la calidad de sus sentencias judiciales, según el último ránking del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés). Es una consecuencia directa de la calidad de los magistrados elegidos.      

En esta entrevista con Ojo-Publico.com, el presidente del CNM explica su posición y hace su propio balance de la crisis. 

 

Antes de integrar y presidir el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), usted fue uno de sus principales críticos. Sostuvo que el sistema de evaluación de jueces y fiscales no garantizaba que se eligiera a las personas más preparadas y sin cuestionamiento ético alguno. Han pasado 100 días desde que asumió la presidencia en medio de un período de crisis y descrédito de la institución ¿Qué acciones ha tomado?

La medida que hemos tomado es hacer una reingeniería de todo el procedimiento de selección y nombramiento de magistrados (...) Esto nos obliga a revisar primero el examen escrito, la evaluación curricular y la evaluación de las actividades del magistrado con relación al trabajo, ética e identificación con la institución. Por último, nosotros mismos -los consejeros- vamos a rediseñar nuestras entrevistas. Hasta el momento, la entrevista ha sido al estilo de cada consejero. Lo que pretendemos es darle uniformidad y predictibilidad a ello. Hemos recibido concursos en marcha con este sistema que tanto he criticado y no han podido detenerse. No hemos podido anular eso porque ya habían pasado diversas etapas. Por ello, hemos continuado y hasta el día de ayer (24 de febrero del 2016) nombramos a 134 magistrados en nuestros primeros 100 días de gestión.

No tengo ni un año en el cargo y me están haciendo responsable de 20 años de historia.

 

Es un record ese número de nombramientos…

Es un record que puede ser tomado de dos formas. Como un ataque frontal contra la provisionalidad de magistrados. Pero en otro sentido, la cantidad no siempre va de la mano con la calidad…

Justamente, estos nombramientos se han dado en un periodo que ha sido descrito como una de las peores crisis del CNM en los últimos veinte años por las denuncias y cuestionamientos a los propios integrantes del organismo que debe evaluar y nombrar a los magistrados en el Perú.

Es poco seria esa afirmación de la peor crisis de los últimos 20 años. [Los cuestionamientos] parten del caso del ex consejero Alfredo Quispe Pariona, que resolvimos en su momento y  volveríamos a resolver en el mismo sentido. (…) Nosotros nos seguimos reafirmando en que el CNM no es competente para declarar la vacancia de un consejero por actos anteriores a su desempeño del cargo. Hacerlo es un despropósito jurídico. Somos competentes para declarar la vacancia por actos que se cometen en el ejercicio del cargo.

Usted votó a favor de la reincorporación de Quispe Pariona [Consejero que fue protagonista de un audio difundido por Peru.21 en el que revela que se coludió con el rector de la Universidad Garcilaso de la Vega, Luis Cervantes, para favorecer en forma irregular a estudiantes con becas y títulos universitarios. Quispe dijo de su forma de hacer dinero: “Es inmoral, pero no es delito”]

Voté a favor, pero más que a favor mi voto fue que no podíamos declarar la vacancia. Cuatro días después reconsideramos la decisión y fue vacado por incapacidad moral. Se ha creado toda una leyenda de que fue por la presión mediática, pero eso es falso. Hubo un pedido de la Defensoría del Pueblo para la reconsideración. Nosotros ponderamos el tema legal, de que no somos competentes para declarar la vacancia de un consejero por actos anteriores al ejercicio de su cargo, o poníamos en riesgo a la propia institución. Entonces, optamos porque mayor peso tenía la institución. Sin embargo, a partir de ahí se vino una serie de cuestionamientos que no fueron por el caso Quispe Pariona (…). Hay un tipo de críticos que sería importante no tomarlos en cuenta por la salud de país. ¿Quienes? Aquellos que dicen que se vayan todos los integrantes del CNM.

¿Se está refiriendo al Instituto de Defensa Legal?

No solo es el Instituto de Defensa Legal. Es Proética, es Transparencia y un grupo de opinólogos que sin conocer el tema del Consejo Nacional de la Magistratura lanza su veneno. “Que se vayan todos” no es ningún argumento. Es un slogan golpista, antidemocrático. El CNM no puede paralizarse porque lo critican. Nosotros hemos seguido con el proceso de selección de magistrados, de ratificación y de procedimientos interdisciplinarios. Esto no puede detenerse por críticas infundadas.

El CNM no es competente para investigar el desbalance patrimonial de un magistrado.

 

¿No reconoce que el organismo más importante para garantizar la calidad de jueces y fiscales del país ha entrado en crisis por los graves cuestionamientos a sus propios integrantes para ejercer sus funciones?

Coincido que ha habido crisis, pero ha existido una sobredimensión que ha sido mediática.

 

 

EL CONSEJO QUE ELIGE A LOS JUECES Y FISCALES

 

COMPOSICIÓN. Siete consejeros integran el órgano que elige a los magistrados. 

 

En el actual proceso electoral, casi todas las organizaciones políticas en carrera contemplan en sus planes de gobierno una reforma del CNM. Usted mismo ha reconocido en declaraciones anteriores que los filtros para la elección de cada uno de los siete integrantes del CNM no son uniformes. Y, como sucede con los jueces, no se mide la calidad ética, la moral ni la eficiencia de los integrantes del CNM.

Estoy de acuerdo con la restructuración de la forma de elegir a los consejeros. El único de los siete consejeros que participa de una elección universal es el representante de los abogados. Eso podría uniformizarse para todos [El CNM lo compone también un representante de la Corte Suprema, uno de la Junta de Fiscales Supremos, uno de los rectores de las universidades nacionales y uno de los rectores de las universidades particulares]. Todo planteamiento que establezca mayores filtros para nuestra propia elección es un avance. Pero no estoy de acuerdo con los argumentos golpistas que dicen que porque un consejero está cuestionado tiene que eliminarse a todo el CNM.  No tengo ni un año en el cargo y me están haciendo responsable de los errores de 20 años de historia.

Pocas personas pueden conocer como yo la realidad por la que pasa la justicia peruana.

 

Los miembros del CNM deben estar libres de cualquier cuestionamiento no solo legal, sino ético y moral por la enorme responsabilidad de sus cargos. En su caso, por ejemplo, la revista Caretas ha revelado y cuestionado que puede tener un conflicto de intereses en su ejercicio del cargo al ser el cofundador de Egacal, una empresa que presta servicios a abogados que quieren prepararse para ser magistrados…

Egacal es una asociación educativa, no es una empresa…

Es una asociación que presta servicios. ¿No ve un conflicto de interés?

Es un cuestionamiento falaz. Soy fundador de Egacal, he estado ligado a la asociación quince años y ha sido mi medio de vida la capacitación a abogados, a los futuros jueces y fiscales. Esa es más bien una de mis fortalezas porque muy pocas personas pueden conocer como yo la realidad por la que pasa la justicia peruana en todo el Perú. Sin embargo, el 13 de abril de 2015, al día siguiente de mi elección como integrante del CNM, me aparté completamente de Egacal vía escritura pública y todo quedó en manos de mi cónyuge, Ana Calderón Sumarriva, quien es cofundadora de la asociación. Yo no soy quién para truncarle a ella su carrera profesional y académica. Pero desde ese momento, Egacal no da ningún curso de preparación para magistrados. No hay ningún conflicto de interés.

Está claro que el CNM no está eligiendo a jueces y fiscales intachables. En enero pasado, se detectaron 134 magistrados con filiación política cuando esto es inconstitucional porque la participación política de un juez no da garantías de su imparcialidad en el desempeño de su cargo. ¿Qué ha pasado con estos magistrados?  ¿Cuántos han sido investigados, sancionados o separados del cargo por esto?

El CNM no es competente para la sanción de jueces y fiscales. Son la Oficina de Control de la Magistratura en Poder Judicial y la Fiscalía Suprema de Control Interno en el Ministerio Público. Pero ante esta situación nosotros sacamos un comunicado y dimos un plazo de tres meses a los magistrados para que se desafilien de las organizaciones políticas a las que pertenecían. Los órganos de control interno del Poder Judicial y del Ministerio Público pueden investigarlos y, si pasan un procedimiento de ratificación de su cargo o un procedimiento disciplinario, que vienen a ser ya nuestra competencia, vamos a tener en cuenta esto. No puede ser posible que existan magistrados con filiación política.

Nosotros no podemos dejar de nombrar a un magistrado por desbalance patrimonial.

 

¿Por qué ese filtro no pudo hacerlo el CNM durante las evaluaciones antes de nombrarlos o ratificarlos?

No pudo hacerlo. Esto fue anterior a nuestra gestión. No estoy evadiendo responsabilidad, pero a mí también me sorprendió esto [que jueces y fiscales incumplieran la prohibición de afiliación política].  Ahora, los magistrados deben llenar una declaración jurada de no tener filiación política. Si aun así incumplieran, entonces sí sería grave e implicaría no ser nombrado o no ser ratificado.

 

GESTOS. El presidente del CNM, Guido Aguila, insiste en que hará una reingeniería del proceso de elección de los jueces y fiscales/ Audrey Córdova.

 

Hace unos días, el CNM anunció la conformación de una comisión tripartita para modificar el reglamento de evaluación a los candidatos a jueces y fiscales. ¿Ya se tiene claro que aspectos concretamente se van a modificar en el reglamento?

Se han hecho tres reuniones. Se trata de una comisión consultiva,  el CNM escucha a los magistrados antes de hacer los cambios.

¿Qué puntos se van a modificar?

Fundamentalmente, se tomará en cuenta  la conducta del magistrado para su ratificación en el cargo. Si un magistrado es captado libando en la calle o si tiene una denuncia por violencia familiar, el CNM lo tomará en cuenta para su ratificación en el cargo. También vamos a debatir si es necesario el examen psicológico. Consideramos que es indispensable un examen psicológico, pero lo que se va a discutir es si va a servir para una sanción o para una ayuda a ese magistrado dependiendo del diagnóstico. También vamos a ver cuáles son los alcances del ámbito patrimonial.

Precisamente, sobre el tema patrimonial de los magistrados, Ojo-Publico.com recogió información de la Contraloría. Hay un significativo número de jueces que no presenta a tiempo sus declaraciones juradas de bienes y rentas y que no declara todo su patrimonio. El caso Hinostroza Pariachi [actual juez supremo que no declaró una propiedad en Miami] es un precedente que no fue sancionado ni tomado en cuenta por el CNM…

La Contraloría es la que debe poner el ojo en este tema, pero además el CNM tomará en cuenta esto para la ratificación de un magistrado. Hay magistrados que muchas veces no presentan su declaración jurada porque pertenecen a un distrito judicial lejano. Por ejemplo, si son de Amazonas señalan que por las carreteras interrumpidas, por el poco acceso que se tiene, las presentan de manera tardía. Sin embargo, el CNM ha avanzado orientando a los magistrados cómo deben llenar sus declaraciones juradas.

Si estamos pidiendo la hoja de vida de los candidatos a la presidencia, con mayor razón debe haber una hoja de vida de los magistrados.

 

¿Cree usted que no presentan sus declaraciones juradas patrimoniales por desconocimiento o falta acceso?

Por desconocimiento, por negligencia, por descuido, por algo que forma parte de la idiosincrasia de determinados lugares, pero que no puede pasar con magistrados.

El problema es que la Contraloría no revisa las declaraciones juradas de los funcionarios públicos. Solo las archiva. No existe ninguna investigación por desbalance patrimonial en el país que haya sido detectada por la revisión de las declaraciones juradas…

Sabemos que la Contraloría recibe las declaraciones juradas, pero no hace una verificación. El CNM sí verifica. Aquí hemos dejado de nombrar a un magistrado que es juez de paz letrado en un distrito judicial del centro del país debido a que tenía en su declaración jurada tres departamentos en La Molina que no supo explicar. Muchas veces los argumentos “lo recibí de herencia” o “este tema es de mi cónyuge” podemos verificarlos, pero consideramos que no es suficiente. Entonces, vamos a contratar  un perito contable para que pueda analizar y contrastar la información que se da.  El CNM no es competente para investigar el delito de desbalance patrimonial de un magistrado. Nosotros no podemos dejar de nombrar a un magistrado por un desbalance patrimonial, pero podemos dejar de ratificarlo o nombrar su ascenso por falta de transparencia, que es lo que exigimos.

¿Esto va a estar especificado en el nuevo reglamento?

Debe estar especificado en el nuevo reglamento.

 

JUNTOS. Alfredo Quispe Pariona (izq.) y el actual presidente del CNM, Guido Aguila, (der.)/ Facebook de Quispe Pariona.

 

Y como parte de la reingeniería más integral de los procedimientos del CNM ¿Qué otros aspectos están enfocados a ver?

Lo primero, que me obsesiona y mientras no se haga no estaré tranquilo, es el proceso de  selección y nombramiento de magistrados. Eso es algo que tiene que cambiar. Vamos a crear el Centro de Innovación de la Justicia y la hoja de vida del juez, para que la ciudadanía pueda encontrar toda su trayectoria, sus resoluciones y transparentar todo. Si estamos pidiendo la hoja de vida de los candidatos a la presidencia y al Congreso, con mayor razón debe haber una hoja de vida de los magistrados.

¿Es un compromiso de su gestión? ¿En cuánto tiempo piensa ejecutar eso?

Preferiría no señalar tiempos. Cuando uno señala tiempos a veces se deja llevar por el entusiasmo y no toma en cuenta algunas resistencias que siempre se van a encontrar. Nosotros tenemos hasta el 28 de febrero del 2017. (…) El tema de la hoja de vida del juez, que es un trabajo fundamentalmente tecnológico, no es solamente responsabilidad nuestra, es una responsabilidad persuadir a los magistrados de que haciendo esto va a haber una información abierta para todos y que se compartirá con otras instituciones.

Para la ratificación de un juez o un fiscal hay que estar pidiendo una serie de documentos que el magistrado aborrece.

 

La portada de un diario hoy es un informe del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) que ubica al Perú entre los diez países más corruptos en sentencias judiciales. ¿Es una consecuencia de la calidad de fiscales y jueces nombrados?

Justamente por eso la obsesión con selección y nombramiento. No estamos satisfechos con esto. No solo yo, el pleno no está satisfecho.

 

SUPREMO. El cuestionado juez Ángel Romero fue nombrado vocal supremo en diciembre pasado/ CNM.

 

¿Cuál es el presupuesto que tiene el CNM para hacer su reforma?

Nosotros disponemos de 27 millones de soles al año. Tenemos menos presupuesto que otras instituciones con menor responsabilidad y otras entidades más pequeñas. Mira la infraestructura que tenemos, recién hace poco se ha aprobado la construcción de un nuevo edificio. Contamos hasta las monedas aquí. No es un presupuesto que permita hacer reformas, sin embargo, con un buen manejo administrativo, se harán. Vamos a depender mucho de la tecnología. La oficina de tecnología e informática del CNM es clave para ahorrar no tan solo papel, sino tiempo y dinero.

Ojo-Publico.com revisó la base de datos en línea de las fichas de la carrera judicial de los jueces registrados en el CNM y encontró que cientos de ellos no han completado varios datos, como por ejemplo la universidad donde estudiaron la carrera de Derecho.

Es un dato relevante. Quisiera que terminada mi presidencia, vuelvas al pleno del consejo y se hayan logrado tres cosas fundamentales: el centro de innovación para la justicia, la descentralización de nuestras funciones y, sobre todo, la hoja de vida del magistrado porque, a veces, para la ratificación de un juez o un fiscal hay que estar pidiendo una serie de documentos que el magistrado aborrece. Y la descentralización es importante porque en el interior del país, CNM puede significar para los ciudadanos las siglas del Conservatorio Nacional de Música. Al estar ubicada la sede en Lima, muchos desconocen cuáles son nuestras funciones (…) Si esas cosas no se consiguen no habría tenido sentido haber llegado acá.

 

Foto de portada: CNM.

Esta entrevista es parte de un proyecto creado por Ojo-Publico.com y apoyado por la National Endowment for Democracy (NED) con la finalidad de que la opinión pública y las autoridades judiciales tengan herramientas para denunciar y detectar casos de presunto desbalance patrimonial en los altos funcionarios del sistema de administración de justicia del Perú.
 

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